En los últimos tiempos el proceso de recuperación de la memoria histórica enEspaña se traslada del Parlamento a los tribunales. Tras la Ley 52/2007, conocidacomo "ley de memoria histórica", víctimas y asociaciones se han dirigidoal Poder Judicial para conseguir la satisfacción de sus demandas. Pese a la sentenciade 27 de febrero de 2012 del Tribunal Supremo, donde se estableció la imposibilidadde perseguir penalmente los crímenes del franquismo, existen víaspara que los jueces hagan efectivo el derecho a la reparación de las víctimas.Ante la inacción administrativa, los tribunales deben garantizar el imperio dela ley en ámbitos como la exhumación de los restos de los desaparecidos y laretirada de simbología exaltadora de la guerra civil y la dictadura.
