El presente trabajo trata de mostrar cómo algunos de los presupuestos teóricos de una concepción tradicional de los derechos, como el modo en el que operan la autonomía y la racionalidad y la forma en la que se articula la separación entre lo público y lo privado, han permitido que resulte fácilmente justificable que las corporaciones y, entre ellas, las empresas transnacionales, sean titulares de derechos humanos, pero también han operado como obstáculos para atribuirles obligaciones. Tales presupuestos han de revisarse para que los derechos humanos sirvan efectivamente para proteger a los seres humanos y no tanto a las 'personas' en el sentido jurídico.
