La financiación de los partidos políticos = The funding of political parties

Aunque sujeta a cambios relativamente frecuentes, alguno muy reciente, la legislación sobre financiación de partidos políticos sigue en España un modelo claramente asentado en las contribuciones públicas, que reciben los partidos en función de varios conceptos y por parte de diversas instituciones, hasta el punto de convertirse en su principal fuente de recursos, sin que, más allá del ámbito electoral, sus gastos sean objeto de límites o incluso de prohibiciones. Sin que quepa imputar este hecho a unas previsiones legales que han tendido a hacerse cada vez más restrictivas, la financiación que reciben por otras vías es mucho menor, tanto en forma de donaciones (legales) como por las cuotas o aportaciones de sus miembros, en un desequilibrio que tiene importantes consecuencias para definir su posición en el sistema político. Se cierra ese modelo con un sistema de control que reposa básicamente en la atribución al Tribunal de Cuentas de la fiscalización de la contabilidad anual y electoral de los partidos, sin que hasta las últimas reformas se haya prestado especial atención a la necesaria transparencia e incluso a la correcta articulación de las sanciones por la infracción de las normas en la materia.

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